Un informe interno de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) soslaya las omisiones en las fiscalizaciones de la sede Bahía Blanca sobre la emisión de facturas truchas por parte del empresario detenido Lázaro Báez.
El informe de circulación interno publicado por La Nación, sostiene que se detectaron múltiples irregularidades en las fiscalizaciones y que existió una “demora injustificada” en accionar contra el constructor. Este documento analiza la situación de la División de Fiscalización N° 3 de la Regional Bahía Blanca desde 2011 en adelante y tiene fecha de octubre pasado.
Las principales irregularidades constatadas provienen de dos sociedades de la familia bahiense Ficcadenti, llamadas Grupo Penta SA y Calvento SA que emitió millonarias facturas apócrifas a Austral Construcciones y Constructora Patagónica Argentina, las dos principales compañías de Báez.
“Excesiva dilación de los tiempos insumidos para analizar si la firma Calvento SA correspondía ser incluida en la Base E Apoc (listado oficial de usinas de facturas apócrifas de la AFIP)” es la primera conclusión de los auditores. La segunda remarca la “demora injustificada en la tramitación de la OI”, es decir las órdenes de investigación de los agentes tributarios.
“Irregularidades en las tareas de control diligenciadas para evaluar si la firma Grupo Penta & Cía. SA ameritaba ser considerada una usina dedicada a la venta de facturas apócrifas y, en consecuencia, la falta de definición respecto de su efectiva inclusión en la base [E Apoc] respectiva”, soslaya por último.
(Fuente: Será Justicia).
